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MAPA, 27 de abril de 2007.- El
Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, cuyo objetivo es lograr el mantenimiento
de la población rural y la mejora de sus condiciones de vida y rentas,
beneficiando al 90 por ciento del territorio, al 80 por ciento de los
municipios y al 35 por ciento de la población, lo que equivale a más
de 14 millones de personas.
Viene a cubrir la ausencia de un texto legal que, respetando
escrupulosamente los Reglamentos comunitarios y el marco competencial
de las Comunidades Autónomas, permita tener una política de Desarrollo
Rural propia.
La nueva normativa va a permitir establecer políticas de carácter
horizontal en Desarrollo Rural en materias como educación, cultura,
sanidad, vivienda, transportes, comunicación entre territorios y
seguridad en el medio rural entre otras.
También pretende lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio
rural, previniendo el deterioro del patrimonio natural, favoreciendo
la biodiversidad o facilitando, en su caso, su recuperación, y
propiciando una mejor planificación de los recursos naturales.
El proyecto de Ley pone especial énfasis en el desarrollo de
colectivos considerados prioritarios, propiciando la incorporación de
activos rurales jóvenes que permitan el mantenimiento de la población,
a la vez que fomenta la igualdad y la promoción de la mujer.
Un instrumento importante en su contenido es el contrato territorial,
que permite una relación contractual entre las administraciones
públicas y los titulares de las explotaciones agrarias, para orientar
e incentivar su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible.
El proyecto de Ley integra, por primera vez, la actuación de 12
departamentos ministeriales, con el fin de que todas las políticas en
el medio rural tengan un carácter coordinado y convergente, creando
para ello la Comisión Interministerial para el Medio Rural, formada
por todos los departamentos afectados.
Por otra parte, y para establecer la debida coordinación de las
políticas rurales, crea un Consejo para el Medio Rural que integra a
la Administración central, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales.
El Proyecto de Ley, establece también entre sus instrumentos, una Mesa
de Asociaciones de Desarrollo Rural, destinada a canalizar las
demandas de estos colectivos, con representantes en todos los puntos
del territorio (Redes de desarrollo rural, Organizaciones
Profesionales Agrarias, Confederación de Cooperativas, ecologistas,
etc).
El conjunto de iniciativas derivará en la confección de un Programa
para el Desarrollo Rural de carácter plurianual, (el primer Programa
general tendrá una duración de cinco años), que será sometido a
informe del Consejo para el Medio Rural, y deberá ser aprobado por el
Gobierno en Consejo de Ministros mediante un Real Decreto.
Este Programa abarcará todas las actividades que desarrollen en el
medio rural los departamentos ministeriales implicados, junto con las
propuestas de las Comunidades Autónomas, atendiendo también las
demandas de las asociaciones presentes en la Mesa de Desarrollo Rural.
El Proyecto de Ley contempla un tratamiento diferencial con los
territorios, buscando la cohesión de los mismos, estableciendo para
ello tres grandes grupos conceptuales de carácter territorial.
Las primeras de ellas serían las áreas a revitalizar, caracterizadas
por su situación de gran despoblamiento, con bajos niveles de renta y
un importante aislamiento geográfico, que correspondería a más de
3.700 municipios y mas de 4 millones de personas, significando en
términos de superficie más de la mitad del territorio, en concreto
257.000 kilómetros cuadrados.
Por otra parte, las zonas intermedias serían aquellas con una densidad
de población baja o media y niveles de renta medios o bajos,
integrando este segmento más de 3.200 municipios, más de 4 millones de
personas y cerca de 125.000 kilómetros cuadrados. Por último, las
áreas periurbanas serían las que cuentan con una población creciente y
unos niveles de renta medios o altos, que beneficiará a cerca de 1.700
municipios y aproximadamente seis millones de personas, con una
superficie de alrededor de 67.000 kilómetros cuadrados.
El proyecto de Ley pretende alcanzar unos elevados niveles de
concertación con las Comunidades Autónomas que, en definitiva, serán
gestoras del desarrollo de muchas de las medidas del Programa para el
Desarrollo Rural que apruebe el Consejo de Ministros.
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