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MARM, 22 de diciembre de 2008.-
La Ley de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural cierra su primer año de aplicación con la puesta en
marcha de su estructura organizativa y la firma de varios proyectos
piloto de desarrollo rural suscritos con varias comunidades
autónomas por un importe de 83 millones de euros, de los que 41,5
millones son aportados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, otro tanto por las Comunidades Autónomas, tras el
arranque de la nueva legislatura en marzo, y la creación del nuevo
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), un mes
más tarde.
En el ámbito reglamentario, el 23 de mayo, mediante el Real Decreto
865/2008, se regularon, la composición, funciones y funcionamiento
de la Comisión Interministerial para el Medio rural, el Consejo para
el Medio Rural y la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
Dentro de la estructura de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural se creó una nueva Subdirección General
dedicada al desarrollo de la Ley. En septiembre quedó constituida la
Comisión Interministerial para el Medio Rural en la que tienen
participación otros quince departamentos ministeriales y se
constituyó un grupo de trabajo para perfilar la participación de
cada uno de ellos en las actuaciones que se deben integrar en el
Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), que a su vez ya ha
mantenido las primeras reuniones al objeto de precisar las medidas
que cada departamento incorporará al programa de desarrollo rural
sostenible, que está en elaboración.
Ya en diciembre se han constituido la Mesa de Asociaciones de
Desarrollo Rural y el Consejo para el Medio Rural.
Para avanzar en la redacción del PDRS se ha creado asimismo un grupo
de trabajo con personal del MARM y diversos expertos para perfilar
criterios comunes para la delimitación de zonas rurales, un sistema
de información geográfica para definir los parámetros que definen la
ruralidad de los municipios, así como la elaboración del índice de
contenidos del citado Programa. Igualmente han tenido lugar diversas
reuniones de trabajo con los responsables de desarrollo rural de las
diferentes Comunidades Autónomas al objeto de avanzar en cuestiones
ligadas al desarrollo de la Ley y, en particular, a la concreción de
los criterios para que las Comunidades Autónomas realicen la
delimitación y calificación de las futuras zonas de aplicación de la
Ley durante el primer programa, que tendrá una vigencia de cinco
años entre 2010 y 2014.
41,5 millones para proyectos piloto
Por otra parte, y en relación al desarrollo presupuestario de la Ley
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el MARM ha destinado 41,5
millones de euros a financiar varios proyectos piloto de desarrollo
rural que se llevarán a cabo en Andalucía, Baleares, Aragón,
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Valencia, que a su vez han
destinado una cantidad equivalente. En los próximos meses está
prevista la firma de convenios de colaboración similares con las
restantes comunidades autónomas.
A tal fin, en los presupuestos generales del Estado para el año 2009
se contempla una partida específica dotada de 100 millones de euros.
Con estos proyectos piloto, que anticipan la puesta en marcha de los
derivados del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) se
trata de ensayar un conjunto de iniciativas de carácter singular que
tienen, entre otros objetivos, servir de referencia para la
aplicación práctica de esta norma.
Estos convenios para el desarrollo de proyectos piloto junto al Plan
de Actuación de la Red Rural Nacional, que se presentó en Madrid el
pasado día 16 de diciembre, constituyen las dos más importantes
herramientas puestas en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino durante este año, y con vocación de
permanencia temporal, en el ámbito del desarrollo rural.
Para la selección de los territorios se han tenido en cuenta las
áreas rurales sensibles, de escasa densidad de población, elevada
significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta,
aislamiento geográfico, dificultades de vertebración territorial así
como su especial interés medioambiental, al conformar un escenario
privilegiado para servir de referencia y guía a la hora de
configurar los criterios, orientaciones y directrices necesarias
para la aplicación práctica del texto legal.
En conjunto, y teniendo en cuenta otras actuaciones previas ya en
curso (Ribagorza Románica, Taula del Senia, Municipios asociados a
Reservas de la Biosfera en León), al concluir el presente año ya más
de 50 comarcas españolas, con una superficie global estimada en
cerca de 3.000.000 hectáreas, estarán desarrollando actuaciones
relacionadas con esta Ley.
Las actuaciones en curso, considerando su carácter piloto, han
primado la diversificación de actividades y el carácter
demostrativo. Se han realizado actuaciones que vinculen
armónicamente el desarrollo territorial, la conservación de la
biodiversidad, y el apoyo a las dotaciones de servicios básicos para
la población.
En cada Comunidad Autónoma, como no podía ser de otra forma, se han
incorporado particularidades propias de su territorio. En Andalucía
las actuaciones se sitúan mayoritariamente sobre espacios protegidos
y Reservas de Biosfera, y tratan de poner en uso sostenible los
valores naturales al servicio de la población local.
En Baleares se ensayará un modelo de contrato territorial con los
titulares del territorio para la conservación del paisaje, centrado
fundamentalmente en la Isla de Menorca y en la Sierra de Tramontana.
En Castilla-La Mancha se mejorarán dotaciones infraestructurales y
de servicios básicos en las áreas menos dotadas de las provincias de
Guadalajara, Cuenca, y Albacete.
Castilla y León desarrollará proyectos de diversa índole, centrados
en cuestiones ambientales y en la potenciación del sector agrario en
ocho comarcas de su geografía. Destacar un proyecto para la
modificación de la totalidad de las luminarias locales por elementos
de bajo consumo energético.
La Comunidad Valenciana y Aragón desarrollarán actuaciones en cuatro
comarcas en la primera y en cinco en la segunda, relacionadas con
los contenidos de la Ley, y previo proceso de concertación con el
territorio al objeto de definir sus necesidades.
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