El Gobierno aprueba el martes un nuevo plan para intentar contener el encarecimiento de la energía

Los precios de la energía están disparados entre protestas del campo

Remitido.- El Consejo de Ministros aprueba este martes un nuevo paquete anticrisis con el que pretende contener el encarecimiento de la factura energética, que ya amenaza con provocar paradas en las fábricas y protestas de los agricultores y ganaderos.

Siete meses después del inicio del conflicto en Irán, los precios de la energía continúan disparados -el gasóleo subió un 30,3 % en agosto y la gasolina, un 16,9 %, a pesar del descuento de 10 céntimos por litro-, lo que llevó la inflación al 4,3 % en ese mes, la más alta desde febrero de 2023.

Esta situación podría complicarse aún más cuando desaparezcan las actuales medidas de apoyo el próximo 30 de septiembre, entre ellas los descuentos a los carburantes, que este mes son de 5 céntimos por litro de gasolina y 20 céntimos por litro de diésel (el fuerte encarecimiento de este combustible en julio activó la cláusula que elevaba el descuento).

Por el momento, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha evitado aclarar qué medidas contendrá el tercer paquete de ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y se ha limitado a señalar que van a "seguir acompañando a ciudadanos y empresas".

Precisamente con el objetivo de "definir el mejor paquete entre todos", el Gobierno se ha reunido en los últimos días con agentes sociales y sectores afectados, que han transmitido sus preocupaciones y reclamaciones.

Sobrecoste millonario

Los agentes sociales inauguraron la ronda de contactos, que UGT y CCOO aprovecharon para pedir "intervenir" los precios de los combustibles al considerar que las petroleras están aprovechando el encarecimiento del crudo para aumentar sus beneficios.

El sector empresarial, por su parte, ha alertado de que el encarecimiento energético supone un sobrecoste millonario para la industria -la Alianza por la Competitividad de la Industria Española lo cifra en 7.400 millones hasta final de año- que ya ha parado temporalmente algunas fábricas, por lo que reclaman ayudas directas.

El sector agrario ha llegado incluso a amenazar con salir a las calles para reclamar que se mantengan las ayudas a los carburantes que utilizan en el ámbito profesional, una petición que comparten las organizaciones pesqueras y el transporte por carretera, que alerta que de no ser así el diésel podría marcar precios históricos.

A esto se suman las empresas de fertilizantes, que ven necesario mejorar los esquemas de ayudas, o las de acuicultura, que reclaman ayudas directas.

Sumar pide recuperar el impuesto a las energéticas

En este nuevo paquete de ayudas el Gobierno podría extender las actualmente vigentes o implementar algunas nuevas, como ya ocurrió con el segundo decreto, y mientras Cuerpo ha puesto el foco en evitar una segunda ronda de inflación con apoyo al sector logístico o los agricultores, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha abierto la puerta a compensaciones fiscales en su ámbito.

Por su parte, Sumar ha apostado por recuperar el impuesto a las grandes energéticas -cuya vigencia finalizó en 2024- o reactivar la 'excepción ibérica' para topar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad.

Entre las medidas actualmente vigentes destacan los descuentos en el impuesto de hidrocarburos que pagan los carburantes, que se adoptaron como una medida transitoria que sustituía a la rebaja de IVA previa y que tenían previsto reducirse progresivamente hasta desaparecer en octubre.

El decreto incluía una cláusula por la que, en caso de que algún producto energético -carburantes, electricidad o gas- se encareciera más de un 15 %, se activarían ayudas adicionales, como efectivamente ocurrió con el diésel, cuya subida de julio conllevó un mayor descuento en septiembre.

Y aunque la gasolina subió en agosto por encima de ese umbral, no desencadenó ninguna ayuda adicional, ya que no hay previstos descuentos más allá de septiembre.

El segundo paquete de ayudas también incluía una ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas, ayudas para la compra de fertilizantes y ayudas extraordinarias para el sector de transporte por carretera.

Además, estableció la eliminación progresiva del impuesto de producción eléctrica y amplió a todo 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y la prohibición de corte de suministros básicos a hogares vulnerables.

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