El BOE publica la Ley de cambio climático y transición energética

Introduce disposiciones que fomentan los gases renovables

EFEAGRO.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, en línea con los objetivos del Acuerdo de París, para facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular y garantizar el uso racional de los recursos.

Su finalidad también pasa por promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.

La normativa expone que alcanzar la neutralidad climática requiere inversiones para la conservación y mejora de la biodiversidad, y de los stocks de carbono en los montes y masas forestales, humedales y superficies de usos agropecuarios.

Establece el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) como instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático y hace referencia al Pacto Verde Europeo y su objetivo de que la Unión Europea sea el primer continente neutro climáticamente en 2050.

Introduce disposiciones que fomentan los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles alternativos.

Respecto a la Política agraria común (PAC), la de desarrollo rural y la forestal apunta que son clave para alcanzar el objetivo de neutralidad climática.

En su artículo 25, establece que el Gobierno incorporará medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales para facilitar la preservación de los mismos, así como la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

En el mismo artículo se indica la necesidad de hacer compatible la conservación del patrimonio natural con el despliegue de las energías renovables.

Además, recoge la necesidad de incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono terrestres y marinos, especialmente los del sector agrario y forestal.

Para ello, junto con su identificación, evaluación y seguimiento -añade el texto- se fomentarán sus cobeneficios como motor de desarrollo de las zonas rurales.

En su artículo 22, especifica que las administraciones públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la seguridad y la dieta alimentarias, así como el diseño de las acciones encaminadas a mitigar y adaptarse a los mismos.

La normativa avanza que en el plazo de seis meses el Gobierno constituirá un grupo de personas expertas para evaluar una reforma fiscal que valorará la fiscalidad verde; las modificaciones que se aprueben irán acompasadas con la situación económica, precisa la ley. 

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