Desinformación, desinterés y crisis frenan la cotitularidad
Nota de Cooperativas Agro-alimentarias.- Así se lo han manifestado las diferentes de mujeres que trabajan en el ámbito rural consultadas por Efeagro, quienes han coincidido en que la puesta en marcha de esta ley está siendo muy lenta y han pedido más implicación por parte de las administraciones.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha precisado a Efeagro que ya ha elaborado la Orden Ministerial para regular el registro en el que se reflejen las declaraciones de titularidad compartida y sus variaciones que deben recibir desde las comunidades autónomas.
Además, ha asegurado que también ha elaborado un plan de difusión para dar a conocer esta norma, una iniciativa que ha presentado a las comunidades autónomas y a las organizaciones de mujeres rurales.
Entre las ventajas de esta norma para las mujeres productoras, el reparto al 50% de los rendimientos de la explotación, el acceso a la pensión contributiva, preferencia para acceso a la formación o las subvenciones de la Administración General del Estado.
Los registros, competencia de las Comunidades Autónomas
Para que las mujeres interesadas puedan beneficiarse de la ley es preciso acceder al registro que debían haber dispuesto las comunidades autónomas y que en muchas aún no existe, según ha asegurado las organizaciones de mujer. Incluso el Gobierno de Canarias interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional al artículo de la Ley que recoge estos registros.
Desde la Federación de la Mujer Rural (Femur) se considera que las principales dificultades en la aplicación de esta ley es la falta de información de las mujeres y también de "convencimiento" por parte de las interesadas.
La presidenta de esta organización, Juana Borrego, ha señalado que, a falta de conocer datos oficiales, son "muy pocas" las mujeres que se han registrado y en algunas comunidades "no hay nada".
La crisis y las dificultades que atraviesan las explotaciones agrarias es, a juicio de la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla, el principal motivo del retraso en la aplicación de esta norma. "Si hoy desgraciadamente nuestros productos no valen lo que lo supone producirlos, qué explotaciones agrarias puede soportar dos cotizaciones", se ha preguntado.
Contratación de cónyuges
La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar) ha apostado por pedir cambios en la aplicación de esta norma como que los titulares de las explotaciones puedan contratar a sus cónyuges, especialmente para momentos puntuales como las campañas de recolección.
Su presidenta, Lola Merino, ha señalado que la falta de conocimiento y que las "comunidades autónomas no están haciendo su trabajo" son los principales problemas sobre la mesa a la hora de aplicar esta norma que "visualiza el trabajo de la mujeres". Desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López ha alertado de que no es lógico que "las agricultoras y ganaderas no puedan acogerse a un ley que entró en vigor en enero".
Entre las claves para mejorar esta situación, López ha apostado por más implicación de las administraciones, divulgación e incentivos para que las mujeres "se animen" a ejercer sus derechos.
La responsable de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres), Belén Verdugo, ha detectado "muy poca implicación de la administración y desconocimiento por parte de las mujeres" sobre el desarrollo de esta norma. Por eso, Verdugo ha insistido en la importancia de la promoción y para que la titularidad compartida pase a ser "una realidad".
La presidenta de la Unión de Centros de Acción Rural (Uncear), María Chicharro, ha explicado que esta norma ha recogido los derechos de las mujeres del medio rural, si bien está fallando el proceso de información para que las interesadas se beneficien.