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Redacción Revista Frisona
/ Categoría: Noticias

Mapama y Cantabria analizan cómo flexibilizar medidas seguridad zoosanitaria


Efeagro.- Oria detalló a Efeagro que ha puesto sobre la mesa la incidencia de la brucelosis bovina, ya que se han detectado 17 focos en los últimos meses en la región, de los cuales en 12 se ha procedido al denominado "vacío sanitario", es decir, al sacrificio de todas las reses en la explotación en la que se notificó el caso.

El secretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas, también presente en el encuentro, informó a Efeagro de que Cantabria plantea cambios sobre ese "vacío sanitario" que "ahora mismo" no se recogen en los programas de saneamiento. Al igual que se procede con otras enfermedades animales como la tuberculosis, los cambios en estos programas se pueden adoptar tras el análisis de los técnicos especialistas y tras ser "discutidos" entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio, añadió. Además, recordó, las decisiones que se alcancen "normalmente" tienen que contar con el aval final de la Unión Europea.

Cabanas valoró la importante labor que desarrolla cada comunidad autónoma en el área de seguridad y sanidad animal, porque "mejor que cada una de ellas, nadie conoce la realidad" de sus explotaciones. Según reiteró, si una comunidad autónoma entiende que alguna medida se puede establecer con mayor flexibilidad en su territorio, el Ministerio "no lo pondrá en entredicho" porque "son ellos los que conocen la realidad de su región".

Por su parte, Oria defendió que en Cantabria "hay posibilidades de flexibilizar" algunas de las medidas de seguridad zoosanitaria ,"sobre todo en los casos de tuberculosis". En el caso de la brucelosis, en cambio, precisó que el compromiso adquirido es estudiar alternativas al "vacío sanitario" inmediato, una vez que se detecta un caso en una explotación. En este sentido, expuso algunas posibilidades, como aislar el rebaño e ir "poco a poco efectuando pruebas" en esas reses, aunque admitió que para conseguirlo hay un "proceso complejo y largo" de negociación entre las comunidades autónomas, junto con el Ministerio, al que hay que añadir el visto bueno final de Bruselas.

Entre otras cuestiones, también se habló sobre la necesidad de conseguir la Indicación Geográfica Protegida (IPG) para la anchoa del Cantábrico o el trabajo en caminos rurales para mejorar la comunicación entre las zonas de la comunidad.

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