Según el Tribunal, la definición de los que reciben este tipo de ayudas -de las que se benefician actualmente 10 países- es inadecuada, pues ha permitido que se destinen fondos a personas o entidades "que no participan en actividades agrícolas, o que solo lo hace marginalmente". "Los casos incluyen compañías inmobiliarias, aeropuertos, asociaciones de caza y clubes de pesca y esquí", señaló. 

Además, la institución denuncia que en varios países se pagó de forma legal ayuda a entidades públicas no agrícolas que gestionan tierras. Así, señala que en Hungría el Estado fue en 2010 el mayor beneficiario de las ayudas, con 14 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas también critica la incorrecta delimitación de parcelas en muchos casos y el hecho de que el sistema beneficia especialmente a las grandes explotaciones, cuando estaba diseñado sobre el papel para apoyar a los agricultores.

El informe del Tribunal de Cuentas se refiere únicamente a las ayudas integradas en el llamado Régimen de Pago Único por Superficie, un sistema transitorio puesto en marcha para apoyar a los agricultores de los países que se unieron a la UE entre 2004 y 2007.

En 2011 el gasto de la UE por esa vía ascendió a unos 5.000 millones de euros, de los que se beneficiaron Bulgaria, República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia.

Tras la publicación del informe, un portavoz de la Comisión Europea (CE) aseguró que sus conclusiones se tienen en cuenta y que se incluyen soluciones al problema en las propuestas presentadas para la reforma de la política agrícola.