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La Ley de la cadena alimentaria puede ayudar a vertebrar un sector agroalimentario altamente concentrado en España
Redacción Revista Frisona
/ Categoría: Noticias, Sector lácteo

La Ley de la cadena alimentaria puede ayudar a vertebrar un sector agroalimentario altamente concentrado en España

Foro virtual organizado por la Asociación Española de Economía Agraria

Efeagro.- La ley de la cadena alimentaria en España puede ayudar a vertebrar un sector altamente concentrado como el agroalimentario para evitar posibles abusos de poder de mercado, según responsables públicos y expertos.

En un foro virtual organizado este lunes por la Asociación Española de Economía Agraria (AEEA), el director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, ha detallado los cambios legislativos introducidos en la ley de la cadena alimentaria, en vigor desde 2013.

Herrero ha destacado que con dicha norma se pasó "del trato al contrato" al establecer la obligación de formalizar los contratos por escrito.

Este año la ley se modificó en febrero, en respuesta a las reivindicaciones de los productores por unos precios justos, y el pasado día 3 para adaptarla a la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales.

El objetivo, según Herrero, es "pasar de la imposición a la negociación", con el fin de que la cadena alimentaria "sea de valor" y los precios se construyan "de abajo hacia arriba", teniendo en cuenta los costes de producción.

Antes de fin de año, se espera la publicación de los primeros operadores sancionados por incumplir la normativa tras las primeras inspecciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) llevadas a cabo desde la reforma de febrero, según el responsable.

La catedrática de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid, Isabel Bardají, ha recordado que una empresa tiene poder de mercado si puede establecer un precio por encima de sus costes marginales, imponiendo unas condiciones más favorables para sus ventas.

La concentración se da en todos los sectores, pero sobre todo en el caso de algunas materias primas, transformación y distribución, lo que se traduce en un poder de mercado cuyo posible abuso puede dar lugar en prácticas comerciales desleales, según Bardají.

Un millón de explotaciones agrarias

En España existen un millón de explotaciones agrarias, de las que cerca de una décima parte (78.000) aportan el 73 % de la producción, mientras que unas pocas compañías controlan gran parte del mercado de semillas, fitosanitarios y maquinaria a nivel mundial.

En la industria alimentaria española, hay algunos sectores como las patatas fritas, los yogures y los postres lácteos donde las empresas líderes controlan hasta el 80 % de la cuota de mercado, y más de la mitad de la cuota en la distribución está en manos de cinco grupos, según datos aportados por la catedrática.

Para el economista agrario Tomás García-Azcárate, la legislación española se ha decantado por tomar como referencia los costes variables de producción, aunque se plantean desafíos como qué hacer cuando los competidores ofrecen productos a menores precios.

García-Azcárate ha valorado que el Gobierno recupere el seguimiento de los mercados y ha propuesto usar indicadores porcentuales que marquen la evolución y se actualicen, una vez fijado el precio base de la negociación.

"La ley es un instrumento más para vertebrar la cadena alimentaria", ha destacado el experto.

La consejera de Agricultura en la Embajada española en París, María José Hernández, ha explicado la situación en Francia, donde la ley de los estados generales de la alimentación de 2018 pretende mejorar el equilibrio de las relaciones comerciales, entre otros objetivos.

Allí los contratos solo son obligatorios en el sector lácteo, por decreto, y en determinadas denominaciones de vino y un tipo de carne de vacuno, por el acuerdo de las organizaciones interprofesionales.

En esos casos, el productor debe ofrecer el contrato al comprador e incluir al menos un indicador relativo a los costes de producción, uno de los precios de productos agrarios en el mercado en el que opera el comprador y otro en términos de calidad.

En el país vecino no hay reglas sobre cómo calcular esos indicadores para evitar la fijación de precios, pero las organizaciones interprofesionales sí deben elaborarlos y difundirlos.

Tales disposiciones no se aplican en las cooperativas siempre que sus estatutos internos establezcan reglas similares, según Hernández, que precisa que la ley no impide vender por debajo de esos costes.

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